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SENTENCIA POR LA QUE SE ESTIMA EL RECURSO CONTRA LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Escrito por Julia Gimenez Gomez   
Wednesday, 12 de November de 2014

 

 SENTENCIA ESTIMATORIA AL RECURSO CONTRA LA ORDEN QUE REGULA EL POTENCIAL VITÍCOLA EN CASTILLA LA MANCHA.

EN ELLA SE ANULA EL ART. 15.7. QUE REGULA LAS PLANTACIONES DE VIÑA EN ESPALDERA EN ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE CASTILLA-LA MANCHA.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera.

Magistrados, Ilmos. Sres.:

D. José Borrego López. Presidente.

D. Mariano Montero Martínez

D. Manuel-José Domingo Zaballos.

D. Antonio Rodríguez González

 

Notificado 10-nov-14

S E N T E N C I A    Nº   648

         En Albacete, a veinte de octubre de 2014.

        Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, seguidos bajo el número 458 de 2012 del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de la SOCIEDAD ALBACETENSE DE ORNITOLOGÍA (SAO), representada por la Procurador Sra. Colmenero López y defendida por la Letrado Sra. Martínez Tébar, contra la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA de la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, representada y dirigida por sus Servicios Jurídicos.

Recurso seguido en materia de disposición de carácter general. Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Mariano Montero Martínez, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

 

         Primero.- Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha veinticinco de septiembre de 2012 recurso contencioso-administrativo contra la Orden de veinte de julio de 2012 de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha veinticinco de julio del mismo año, por la que se regula el potencial vitícola de Castilla-La Mancha.

        Segundo. Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando se dicte sentencia en la que estimando la demanda declarase no ajustado a Derecho el art. 15.7 de la Orden impugnada, dejándolo sin efecto “y ordenando una nueva redacción de este apartado conforme a la legalidad contenida en el art. 5.2 de la Ley 4/2007, con cuantos efectos se deriven de la nulidad”.

        Tercero. Contestada la demanda por la Administración demandada, tras relatar a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó una sentencia desestimatoria del recurso planteado en todas sus pretensiones.

        Cuarto. Acordado el recibimiento del pleito a prueba y practicadas las diligencias declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló día y hora para votación y fallo, el dieciséis de octubre de 2014, en que tuvo lugar.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

        

Primero. Se somete al control judicial de la Sala la Orden de veinte de julio de 2012 de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha veinticinco de julio del mismo año, por la que se regula el potencial vitícola de Castilla-La Mancha.

Segundo. Solemos transcribir, cuando se trata de impugnar en el pleito una disposición de carácter general, el precepto o preceptos cuya nulidad se pretende. A partir del suplico de la demanda, como hemos visto, se solicita la anulación del art. 15.7 de la Orden impugnada, que dice así:

        [“Artículo 15 Autorización de plantaciones

Apartado 7. En las plantaciones proyectadas en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) se tendrá en cuenta lo siguiente:

7.1 Las plantaciones no se someterán al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, salvo en los siguientes casos:

a) El traslado de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA, que se estará a lo dispuesto en el apartado 7.3 siguiente.

b) Transformación de secano a regadío

c) Consolidación y mejora de regadío en una superficie superior a 50 hectáreas d) Implique la instalación de una línea eléctrica aérea.

7.2 La instalación de espalderas, bien por sustitución o por transformación de una viña que estaba plantada en vaso, tendrán, en todos los casos, los siguientes condicionantes:

a) Longitud máxima de filas de 150 metros.

b) Anchura mínima entre filas de 3 metros (tras la Orden de dieciocho de diciembre de 2012, DOCM de veintiocho de diciembre, 2’5 metros)

c) Altura mínima del primer alambre (cruz) de 60 centímetros.

d) Ramal portagoteros en la cruz o en el suelo.

7.3 En caso de traslado de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA:

a) La Dirección General competente en materia de viticultura analizará, mediante el Registro Vitícola y/o SIGPAC, el número de hectáreas de viñedo que hubiese en la fecha de declaración oficial como ZEPA, de tal forma que ninguna plantación se someterá al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley 4/2007 tanto en cuanto no se supere dicho límite histórico.

b) En caso de que el traslado superase el límite mencionado en el apartado anterior, la Dirección General competente en materia de viticultura deberá solicitar a la Dirección General de Montes y Espacios Naturales un informe de repercusiones sobre los recursos naturales presentes en la ZEPA. En el caso de informe desfavorable, la Dirección General competente en materia de viticultura procederá a denegar la solicitud de plantación.

7.4 La Dirección General competente en materia de viticultura comunicará a la Dirección General de Montes y Espacios Naturales las solicitudes de plantación objeto de aprobación, en cumplimiento del artículo 77 de la Ley 9/99, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza en Castilla-La Mancha.

7.5 Las resoluciones, informes o declaraciones del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en los casos mencionados en los apartados anteriores, serán incorporados al expediente de solicitud tramitado por los Servicios Periféricos de la provincia, siendo los Coordinadores Provinciales quienes procederán a la autorización del mismo cuando corresponda”].

Tercero. A partir de aquí, encabeza su demanda la sociedad actora con la idea central que preside su pretensión: impugna fundamentalmente la previsión del art. 15.7 de la Orden en lo referido a las plantaciones de viñedo en zonas de especial protección para las aves, conocidas como zonas ZEPA, por entender que se conculcaría la legalidad estatal, autonómica y comunitaria europea, en lo relacionado con las premisas y condicionantes del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Es más, dentro de ese apartado séptimo del art. 15 de la Orden, la demanda entiende que se eximen del procedimiento de evaluación de impacto ambiental los supuestos de instalación de espalderas, bien por sustitución o por transformación de una viña que estaba plantada en vaso (apartado segundo) y los casos de traslado de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA (apartado tercero).

Ello supone, continúa la demanda, una notable variación respecto al régimen anterior, Orden de veintinueve de noviembre de 2010, porque en ella sí se exigía la evaluación de impacto ambiental para el traslado de viñedo, variación que no se justifica en forma alguna en la Memoria de la disposición de carácter general cuyo estudio nos convoca.

De forma que hasta cinco modalidades de intervención de plantaciones de viñedo en zonas ZEPA quedarían exentas del procedimiento de EIA con la nueva regulación: la sustitución de un viñedo preexistente por otro en vaso, en la misma parcela; la sustitución de un viñedo preexistente por otro en espaldera, en la misma parcela; la subida a espaldera de un viñedo en vaso; el traslado de viñedo dentro de la ZEPA; y, por último, el traslado de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA.

Considera la demanda, así, que respecto de estas cinco modalidades en los usos agrícolas de viñedo, la Consejería Autonómica ha decidido eximir del procedimiento de EIA y con carácter genérico por cada modalidad en abierta vulneración de los arts. 5.2 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y 56.1 de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, que, ciertamente, posibilitan excluir la necesidad de EIA pero de forma particularizada para cada proyecto y, en tal caso, previa obtención de informe o autorización ambiental sobre las repercusiones del proyecto sobre los recursos naturales.

El propio informe jurídico emitido en el seno de la elaboración de esta norma transitaría por la tesis defendida por la entidad demandante, que además se apoya en un informe elaborado por D. Raúl Santiago Martín, que constituyó memoria final de una beca de investigación de medio ambiente de la Diputación Provincial de Toledo 2006.

Como expusimos en el antecedente de hecho segundo, el suplico de la demanda contiene no sólo la pretensión de declarar nulo el apartado séptimo del art. 15 de la Orden, sino también la de que ordenemos “una nueva redacción de este apartado conforme a la legalidad contenida en el art. 5.2 de la Ley 4/2007”. Aprovechamos aquí para descartar que pudiéramos hacerlo, aunque se llegase finalmente a un pronunciamiento de nulidad del precepto, toda vez que, por un lado, sería ilógico amparar cualquier norma de rango inferior a otra que no observara el ámbito de legalidad de la superior; por otro, el art. 71.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa nos prohíbe determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen, así como determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

Cuarto. Por su parte, la Administración demandada considera que no se da en la Orden combatida la pretendida vulneración del principio de jerarquía normativa, porque los preceptos de las leyes castellano-manchegas que se dicen violentados, antes mencionados, sólo imponen la obligación de tramitar el procedimiento de EIA para los proyectos específicamente contenidos en los respectivos anexos I de las leyes; para los encuadrables en los anexos II, entre ellos aquellos sobre los que versa este pleito, lo que se prevé es un análisis por el órgano ambiental, que por cierto es lo que prevé el apartado cuarto del art. 15.7 de la Orden combatida, al disponer la necesaria comunicación por el órgano sustantivo al ambiental de las solicitudes de plantación o transformación de viñedo que puedan afectar a una ZEPA.

Se producirían, además y en el entendimiento de la Administración demandada, determinadas mejoras respecto al panorama regulador anterior, por ejemplo la exigencia del apartado tercero del art. 15.7, en casos de traslado de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA; o el rechazo del silencio administrativo positivo en la materia, apartado octavo del art. 15; o el hecho de que el órgano ambiental tenga, ya se ha visto, garantizado el pronunciamiento previo.

Además, se remarca que esta Orden ha de cohonestarse con la regulación de los planes de gestión de cada ZEPA, que por cierto tienen aplicación preferente, por mor del principio de posterioridad en el tiempo y del de especialidad, sobre la propia Orden ahora discutida. Como, de hecho, contempla ya el art. 59 de la Ley Autonómica 9/1999, que excepciona el régimen de evaluación del art. 56 cuando la zona sensible tenga un plan de gestión que establezca las prescripciones reguladoras de la actividad cuestionada.

Quinto. Puestas así las cosas, la Ley 4/2007 de Evaluación de Impacto Ambiental en Castilla-La Mancha, dispone en su artículo 5 (Actividades a las que resulta aplicable la Evaluación del Impacto Ambiental).

[“1. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, construcciones, instalaciones o cualquiera otra actividad comprendida en el Anexo I deberán someterse a Evaluación del Impacto Ambiental en la forma prevista en esta ley, previamente a su autorización por el órgano sustantivo que corresponda.

2. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, construcciones, instalaciones o cualquiera otra actividad comprendida en el Anexo II, así como cualquier proyecto no incluido en el Anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, sólo deberán someterse a Evaluación del Impacto Ambiental, previamente a su autorización por el órgano sustantivo que corresponda, en la forma prevista en esta ley cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III. 3. Para los proyectos recogidos en el Anexo II que no se sometan al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, el órgano ambiental dictará resolución en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de las consultas tras consultar a las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto”].

No encontramos, al hilo de cuanto expone la Administración demandada en su contestación, argumentos para entender que los proyectos de plantaciones a los que nos estamos refiriendo puedan encuadrarse en las actividades señaladas en el Anexo I de la ley. Esto es, aquellas que necesitan en todo caso evaluación previa de impacto ambiental.

Por su parte, el Anexo II de la mencionada ley establece lo siguiente:

[“ANEXO II Proyectos que serán sometidos cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.

b) …..Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10 hectáreas (Proyectos no incluidos en el Anexo I), y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos cuando la superficie de los mismos sea superior a 50 hectáreas. Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente……”].

Conscientemente hemos reseñado sólo los incisos en los que podría incardinarse la material cuyo estudio nos convoca.

Sexto. La Ley 9/1999, de veintiséis de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha dispone, en su art. 56 (segundo de los que se reputan vulnerados por la Orden combatida, en el entendimiento de la parte actora):

[“Artículo 56. Régimen de evaluación de actividades en zonas sensibles.

1. En las zonas sensibles, la autorización de las actividades que se relacionan en el anejo 2 de esta Ley requerirá la previa evaluación de sus efectos sobre los recursos naturales que, en cada caso, hayan motivado su designación o declaración.

2. En estos casos, el órgano sustantivo solicitará a la Consejería la emisión de un informe sobre las repercusiones de la acción sobre los recursos naturales objeto de protección en la zona sensible.

3. Si el órgano sustantivo perteneciese a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en función de los efectos negativos que se prevean y de su trascendencia sobre los valores naturales de la zona sensible, el informe de la Consejería se emitirá en alguno de los sentidos siguientes:

a) Si apreciara que la acción pretendida no puede tener repercusión negativa sobre los valores naturales, o estimara que los efectos negativos de la acción pueden evitarse mediante la adopción de un condicionado especial, informará al órgano sustantivo para su consideración e inclusión en la resolución.

b) Si considerara que los efectos negativos de la acción pueden ser significativos dispondrá la previa evaluación del impacto ambiental de la actividad, de acuerdo con lo regulado por la legislación específica de esta materia.

c) Si estimara que la realización de la acción pretendida es incompatible con los fines de la zona sensible, informará motivadamente de tal circunstancia al órgano sustantivo para la denegación de la autorización, licencia o concesión de que se trate.

En cualquier caso, las diferencias de criterio que pudieran surgir entre el órgano sustantivo y la Consejería serán resueltas por el Consejo de Gobierno.

4. Si el órgano sustantivo no perteneciese a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, será preceptiva la previa evaluación del impacto ambiental cuando así se contemple en el informe.

5. El plazo para emitir el informe a que se refiere este artículo será de un mes.

6. Este informe suplirá a los requeridos por los artículos 10 y 11 cuando las actividades que los motiven afecten exclusivamente a una zona sensible”].

En el Anexo II de esta ley, apartado duodécimo, se lee, como actividad sometida a evaluación de impacto ambiental previa:

“12………. Proyectos de hidráulica agrícola y transformaciones en regadío”.

Séptimo. Ya llama la atención que el principio general de la Orden sea el de no sometimiento a evaluación de impacto ambiental, apartado 7.1 del art. 15, con catálogo de excepciones, pero ello podría constituir una mera técnica normativa sin mayor relevancia si el contenido posteriormente regulado guardase conformidad con las normas de superior rango jerárquico. Pero se aprecian al menos tres circunstancias que desmontan este pretendido –por la Administración demandada- ajuste de la Orden a las autonómicas leyes que proporcionan la adecuada cobertura normativa:

En primer lugar, la contestación a la demanda necesita realizar un considerable esfuerzo argumental e interpretativo para salvar la circunstancia claramente contemplada por la orden, consistente en excluir, por la vía de los hechos, la instalación de espalderas de la necesidad de EIA, al someterlo a condicionantes de instalación pero debiendo entenderse, dice la Administración, que toda transformación en espaldera conllevará la instalación de riego por goteo, por resultar lo contrario claramente antieconómico. Pero ello, con independencia de que en la práctica normalmente sea así (la Defensa Letrada de la Administración utiliza, precisamente, adverbios como “generalmente”), no puede constituir el contenido de una norma con evidente vocación de aplicación universal. Con lo cual se estarían permitiendo supuestos de transformación a espaldera sin posibilidad de evaluación de impacto ambiental.

En segundo lugar, en cuanto al traslado de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA, aparentemente la Orden somete estos proyectos a EIA, al constituirlos en excepción al régimen general, que no olvidemos es el no sometimiento, art. 15.7.1 de la Orden. Pero luego se comprueba, en la contemplación de los dos apartados del art. 15.7.3, que ello va a depender de la consideración que realice el órgano sustantivo, que no el ambiental, sobre el número de hectáreas de viñedo preexistentes a la fecha de la declaración oficial de la ZEPA. Si no se supera lo que llama ese “límite histórico”, ninguna plantación se someterá a EIA, y eso lo acuerda, no lo olvidemos, el órgano sustantivo, la Dirección General competente en materia de viticultura. Si se superara ese límite histórico, entonces sí que el órgano sustantivo solicitará al ambiental, Dirección General de Montes y Espacios Naturales, un informe de repercusiones sobre los recursos naturales presentes en la ZEPA.

En tercer lugar, no es cierto que con el apartado cuarto del artículo 15.7 de la controvertida Orden se supla la intervención del órgano ambiental en cualquier supuesto de zona sensible, porque ese apartado, que prevé como hemos visto la obligación de comunicar el órgano sustantivo (el competente en materia de viticultura) al ambiental las solicitudes de plantación objeto de aprobación, amén de no especificar con rotundidad que en todo caso se hará con carácter previo a dicha aprobación, lo hace a los efectos y en cumplimiento, según reza su tenor, del art. 77 de la Ley 9/1999, esto es, las prohibiciones en relación con las especies amenazadas, que no tiene por qué ser el caso que nos ocupa. Esa previsión no aclara nada para lo que nos afecta, ni desde luego sustituye la señalada intervención que corresponde al órgano ambiental.

Octavo. No puede servir de excusa el que los Planes de Gestión de cada una de las ZEPAS se vayan convirtiendo, a medida que se aprueben, en norma especial –y posterior en el tiempo- respecto a la Orden, de aplicación por tanto preferente, porque la indefinición que tal situación crearía es incompatible con la seguridad jurídica pero, sobre todo, es cuestión de legalidad y de vulneración del principio de jerarquía normativa, como creemos haber explicado.

Es cierto que el artículo 59 de la ley 9/1999, de conservación de la naturaleza en Castilla-La Mancha contempla, como excepción al régimen de evaluación ambiental del art. 56, que es la norma –a diferencia de la Orden impugnada, donde es excepción, con los matices que se quiera-, la situación de que la zona sensible tenga un plan de gestión que establezca las prescripciones reguladoras de la actividad en cuestión. Pero no lo es menos que esa previsión no permite regular entre tanto la cuestión como si el sistema establecido en ambas leyes no existiera.

Noveno. En consecuencia, la Orden combatida ha ido más allá de lo que prevén las leyes que le prestan cobertura, en contravención de los dos preceptos legales reiteradamente citados, por lo que el art. 15.7 de la misma ha de ser anulado.

En aplicación del art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su redacción posterior a la Ley 37/2011, de diez de octubre, el litigante vencido abonará las costas procesales.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación; en nombre de S.M. el Rey,

        F A LL A M O S:

Que Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden de veinte de julio de 2012 de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha veinticinco de julio del mismo año, por la que se regula el potencial vitícola de Castilla-La Mancha, y anulamos su art. 15.7, por disconforme a Derecho.

La Administración demandada abonará las costas procesales.

        Notifíquese la presente Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra ella cabe interponer el recurso de casación previsto en el art. 86.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en término de diez días.

        Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 
SENTENCIA POR LA QUE SE ESTIMA EL RECURSO CONTRA LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Escrito por Julia Gimenez Gomez   
Wednesday, 12 de November de 2014

 

 SENTENCIA ESTIMATORIA AL RECURSO CONTRA LA ORDEN QUE REGULA EL POTENCIAL VITÍCOLA EN CASTILLA LA MANCHA.

EN ELLA SE ANULA EL ART. 15.7. QUE REGULA LAS PLANTACIONES DE VIÑA EN ESPALDERA EN ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE CASTILLA-LA MANCHA.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera.

Magistrados, Ilmos. Sres.:

D. José Borrego López. Presidente.

D. Mariano Montero Martínez

D. Manuel-José Domingo Zaballos.

D. Antonio Rodríguez González

 

Notificado 10-nov-14

S E N T E N C I A    Nº   648

         En Albacete, a veinte de octubre de 2014.

        Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, seguidos bajo el número 458 de 2012 del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de la SOCIEDAD ALBACETENSE DE ORNITOLOGÍA (SAO), representada por la Procurador Sra. Colmenero López y defendida por la Letrado Sra. Martínez Tébar, contra la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA de la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, representada y dirigida por sus Servicios Jurídicos.

Recurso seguido en materia de disposición de carácter general. Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Mariano Montero Martínez, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

 

         Primero.- Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha veinticinco de septiembre de 2012 recurso contencioso-administrativo contra la Orden de veinte de julio de 2012 de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha veinticinco de julio del mismo año, por la que se regula el potencial vitícola de Castilla-La Mancha.

        Segundo. Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando se dicte sentencia en la que estimando la demanda declarase no ajustado a Derecho el art. 15.7 de la Orden impugnada, dejándolo sin efecto “y ordenando una nueva redacción de este apartado conforme a la legalidad contenida en el art. 5.2 de la Ley 4/2007, con cuantos efectos se deriven de la nulidad”.

        Tercero. Contestada la demanda por la Administración demandada, tras relatar a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó una sentencia desestimatoria del recurso planteado en todas sus pretensiones.

        Cuarto. Acordado el recibimiento del pleito a prueba y practicadas las diligencias declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló día y hora para votación y fallo, el dieciséis de octubre de 2014, en que tuvo lugar.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

        

Primero. Se somete al control judicial de la Sala la Orden de veinte de julio de 2012 de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha veinticinco de julio del mismo año, por la que se regula el potencial vitícola de Castilla-La Mancha.

Segundo. Solemos transcribir, cuando se trata de impugnar en el pleito una disposición de carácter general, el precepto o preceptos cuya nulidad se pretende. A partir del suplico de la demanda, como hemos visto, se solicita la anulación del art. 15.7 de la Orden impugnada, que dice así:

        [“Artículo 15 Autorización de plantaciones

Apartado 7. En las plantaciones proyectadas en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) se tendrá en cuenta lo siguiente:

7.1 Las plantaciones no se someterán al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, salvo en los siguientes casos:

a) El traslado de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA, que se estará a lo dispuesto en el apartado 7.3 siguiente.

b) Transformación de secano a regadío

c) Consolidación y mejora de regadío en una superficie superior a 50 hectáreas d) Implique la instalación de una línea eléctrica aérea.

7.2 La instalación de espalderas, bien por sustitución o por transformación de una viña que estaba plantada en vaso, tendrán, en todos los casos, los siguientes condicionantes:

a) Longitud máxima de filas de 150 metros.

b) Anchura mínima entre filas de 3 metros (tras la Orden de dieciocho de diciembre de 2012, DOCM de veintiocho de diciembre, 2’5 metros)

c) Altura mínima del primer alambre (cruz) de 60 centímetros.

d) Ramal portagoteros en la cruz o en el suelo.

7.3 En caso de traslado de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA:

a) La Dirección General competente en materia de viticultura analizará, mediante el Registro Vitícola y/o SIGPAC, el número de hectáreas de viñedo que hubiese en la fecha de declaración oficial como ZEPA, de tal forma que ninguna plantación se someterá al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley 4/2007 tanto en cuanto no se supere dicho límite histórico.

b) En caso de que el traslado superase el límite mencionado en el apartado anterior, la Dirección General competente en materia de viticultura deberá solicitar a la Dirección General de Montes y Espacios Naturales un informe de repercusiones sobre los recursos naturales presentes en la ZEPA. En el caso de informe desfavorable, la Dirección General competente en materia de viticultura procederá a denegar la solicitud de plantación.

7.4 La Dirección General competente en materia de viticultura comunicará a la Dirección General de Montes y Espacios Naturales las solicitudes de plantación objeto de aprobación, en cumplimiento del artículo 77 de la Ley 9/99, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza en Castilla-La Mancha.

7.5 Las resoluciones, informes o declaraciones del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en los casos mencionados en los apartados anteriores, serán incorporados al expediente de solicitud tramitado por los Servicios Periféricos de la provincia, siendo los Coordinadores Provinciales quienes procederán a la autorización del mismo cuando corresponda”].

Tercero. A partir de aquí, encabeza su demanda la sociedad actora con la idea central que preside su pretensión: impugna fundamentalmente la previsión del art. 15.7 de la Orden en lo referido a las plantaciones de viñedo en zonas de especial protección para las aves, conocidas como zonas ZEPA, por entender que se conculcaría la legalidad estatal, autonómica y comunitaria europea, en lo relacionado con las premisas y condicionantes del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Es más, dentro de ese apartado séptimo del art. 15 de la Orden, la demanda entiende que se eximen del procedimiento de evaluación de impacto ambiental los supuestos de instalación de espalderas, bien por sustitución o por transformación de una viña que estaba plantada en vaso (apartado segundo) y los casos de traslado de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA (apartado tercero).

Ello supone, continúa la demanda, una notable variación respecto al régimen anterior, Orden de veintinueve de noviembre de 2010, porque en ella sí se exigía la evaluación de impacto ambiental para el traslado de viñedo, variación que no se justifica en forma alguna en la Memoria de la disposición de carácter general cuyo estudio nos convoca.

De forma que hasta cinco modalidades de intervención de plantaciones de viñedo en zonas ZEPA quedarían exentas del procedimiento de EIA con la nueva regulación: la sustitución de un viñedo preexistente por otro en vaso, en la misma parcela; la sustitución de un viñedo preexistente por otro en espaldera, en la misma parcela; la subida a espaldera de un viñedo en vaso; el traslado de viñedo dentro de la ZEPA; y, por último, el traslado de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA.

Considera la demanda, así, que respecto de estas cinco modalidades en los usos agrícolas de viñedo, la Consejería Autonómica ha decidido eximir del procedimiento de EIA y con carácter genérico por cada modalidad en abierta vulneración de los arts. 5.2 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y 56.1 de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, que, ciertamente, posibilitan excluir la necesidad de EIA pero de forma particularizada para cada proyecto y, en tal caso, previa obtención de informe o autorización ambiental sobre las repercusiones del proyecto sobre los recursos naturales.

El propio informe jurídico emitido en el seno de la elaboración de esta norma transitaría por la tesis defendida por la entidad demandante, que además se apoya en un informe elaborado por D. Raúl Santiago Martín, que constituyó memoria final de una beca de investigación de medio ambiente de la Diputación Provincial de Toledo 2006.

Como expusimos en el antecedente de hecho segundo, el suplico de la demanda contiene no sólo la pretensión de declarar nulo el apartado séptimo del art. 15 de la Orden, sino también la de que ordenemos “una nueva redacción de este apartado conforme a la legalidad contenida en el art. 5.2 de la Ley 4/2007”. Aprovechamos aquí para descartar que pudiéramos hacerlo, aunque se llegase finalmente a un pronunciamiento de nulidad del precepto, toda vez que, por un lado, sería ilógico amparar cualquier norma de rango inferior a otra que no observara el ámbito de legalidad de la superior; por otro, el art. 71.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa nos prohíbe determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen, así como determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

Cuarto. Por su parte, la Administración demandada considera que no se da en la Orden combatida la pretendida vulneración del principio de jerarquía normativa, porque los preceptos de las leyes castellano-manchegas que se dicen violentados, antes mencionados, sólo imponen la obligación de tramitar el procedimiento de EIA para los proyectos específicamente contenidos en los respectivos anexos I de las leyes; para los encuadrables en los anexos II, entre ellos aquellos sobre los que versa este pleito, lo que se prevé es un análisis por el órgano ambiental, que por cierto es lo que prevé el apartado cuarto del art. 15.7 de la Orden combatida, al disponer la necesaria comunicación por el órgano sustantivo al ambiental de las solicitudes de plantación o transformación de viñedo que puedan afectar a una ZEPA.

Se producirían, además y en el entendimiento de la Administración demandada, determinadas mejoras respecto al panorama regulador anterior, por ejemplo la exigencia del apartado tercero del art. 15.7, en casos de traslado de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA; o el rechazo del silencio administrativo positivo en la materia, apartado octavo del art. 15; o el hecho de que el órgano ambiental tenga, ya se ha visto, garantizado el pronunciamiento previo.

Además, se remarca que esta Orden ha de cohonestarse con la regulación de los planes de gestión de cada ZEPA, que por cierto tienen aplicación preferente, por mor del principio de posterioridad en el tiempo y del de especialidad, sobre la propia Orden ahora discutida. Como, de hecho, contempla ya el art. 59 de la Ley Autonómica 9/1999, que excepciona el régimen de evaluación del art. 56 cuando la zona sensible tenga un plan de gestión que establezca las prescripciones reguladoras de la actividad cuestionada.

Quinto. Puestas así las cosas, la Ley 4/2007 de Evaluación de Impacto Ambiental en Castilla-La Mancha, dispone en su artículo 5 (Actividades a las que resulta aplicable la Evaluación del Impacto Ambiental).

[“1. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, construcciones, instalaciones o cualquiera otra actividad comprendida en el Anexo I deberán someterse a Evaluación del Impacto Ambiental en la forma prevista en esta ley, previamente a su autorización por el órgano sustantivo que corresponda.

2. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, construcciones, instalaciones o cualquiera otra actividad comprendida en el Anexo II, así como cualquier proyecto no incluido en el Anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, sólo deberán someterse a Evaluación del Impacto Ambiental, previamente a su autorización por el órgano sustantivo que corresponda, en la forma prevista en esta ley cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III. 3. Para los proyectos recogidos en el Anexo II que no se sometan al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, el órgano ambiental dictará resolución en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de las consultas tras consultar a las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto”].

No encontramos, al hilo de cuanto expone la Administración demandada en su contestación, argumentos para entender que los proyectos de plantaciones a los que nos estamos refiriendo puedan encuadrarse en las actividades señaladas en el Anexo I de la ley. Esto es, aquellas que necesitan en todo caso evaluación previa de impacto ambiental.

Por su parte, el Anexo II de la mencionada ley establece lo siguiente:

[“ANEXO II Proyectos que serán sometidos cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.

b) …..Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10 hectáreas (Proyectos no incluidos en el Anexo I), y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos cuando la superficie de los mismos sea superior a 50 hectáreas. Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente……”].

Conscientemente hemos reseñado sólo los incisos en los que podría incardinarse la material cuyo estudio nos convoca.

Sexto. La Ley 9/1999, de veintiséis de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha dispone, en su art. 56 (segundo de los que se reputan vulnerados por la Orden combatida, en el entendimiento de la parte actora):

[“Artículo 56. Régimen de evaluación de actividades en zonas sensibles.

1. En las zonas sensibles, la autorización de las actividades que se relacionan en el anejo 2 de esta Ley requerirá la previa evaluación de sus efectos sobre los recursos naturales que, en cada caso, hayan motivado su designación o declaración.

2. En estos casos, el órgano sustantivo solicitará a la Consejería la emisión de un informe sobre las repercusiones de la acción sobre los recursos naturales objeto de protección en la zona sensible.

3. Si el órgano sustantivo perteneciese a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en función de los efectos negativos que se prevean y de su trascendencia sobre los valores naturales de la zona sensible, el informe de la Consejería se emitirá en alguno de los sentidos siguientes:

a) Si apreciara que la acción pretendida no puede tener repercusión negativa sobre los valores naturales, o estimara que los efectos negativos de la acción pueden evitarse mediante la adopción de un condicionado especial, informará al órgano sustantivo para su consideración e inclusión en la resolución.

b) Si considerara que los efectos negativos de la acción pueden ser significativos dispondrá la previa evaluación del impacto ambiental de la actividad, de acuerdo con lo regulado por la legislación específica de esta materia.

c) Si estimara que la realización de la acción pretendida es incompatible con los fines de la zona sensible, informará motivadamente de tal circunstancia al órgano sustantivo para la denegación de la autorización, licencia o concesión de que se trate.

En cualquier caso, las diferencias de criterio que pudieran surgir entre el órgano sustantivo y la Consejería serán resueltas por el Consejo de Gobierno.

4. Si el órgano sustantivo no perteneciese a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, será preceptiva la previa evaluación del impacto ambiental cuando así se contemple en el informe.

5. El plazo para emitir el informe a que se refiere este artículo será de un mes.

6. Este informe suplirá a los requeridos por los artículos 10 y 11 cuando las actividades que los motiven afecten exclusivamente a una zona sensible”].

En el Anexo II de esta ley, apartado duodécimo, se lee, como actividad sometida a evaluación de impacto ambiental previa:

“12………. Proyectos de hidráulica agrícola y transformaciones en regadío”.

Séptimo. Ya llama la atención que el principio general de la Orden sea el de no sometimiento a evaluación de impacto ambiental, apartado 7.1 del art. 15, con catálogo de excepciones, pero ello podría constituir una mera técnica normativa sin mayor relevancia si el contenido posteriormente regulado guardase conformidad con las normas de superior rango jerárquico. Pero se aprecian al menos tres circunstancias que desmontan este pretendido –por la Administración demandada- ajuste de la Orden a las autonómicas leyes que proporcionan la adecuada cobertura normativa:

En primer lugar, la contestación a la demanda necesita realizar un considerable esfuerzo argumental e interpretativo para salvar la circunstancia claramente contemplada por la orden, consistente en excluir, por la vía de los hechos, la instalación de espalderas de la necesidad de EIA, al someterlo a condicionantes de instalación pero debiendo entenderse, dice la Administración, que toda transformación en espaldera conllevará la instalación de riego por goteo, por resultar lo contrario claramente antieconómico. Pero ello, con independencia de que en la práctica normalmente sea así (la Defensa Letrada de la Administración utiliza, precisamente, adverbios como “generalmente”), no puede constituir el contenido de una norma con evidente vocación de aplicación universal. Con lo cual se estarían permitiendo supuestos de transformación a espaldera sin posibilidad de evaluación de impacto ambiental.

En segundo lugar, en cuanto al traslado de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA, aparentemente la Orden somete estos proyectos a EIA, al constituirlos en excepción al régimen general, que no olvidemos es el no sometimiento, art. 15.7.1 de la Orden. Pero luego se comprueba, en la contemplación de los dos apartados del art. 15.7.3, que ello va a depender de la consideración que realice el órgano sustantivo, que no el ambiental, sobre el número de hectáreas de viñedo preexistentes a la fecha de la declaración oficial de la ZEPA. Si no se supera lo que llama ese “límite histórico”, ninguna plantación se someterá a EIA, y eso lo acuerda, no lo olvidemos, el órgano sustantivo, la Dirección General competente en materia de viticultura. Si se superara ese límite histórico, entonces sí que el órgano sustantivo solicitará al ambiental, Dirección General de Montes y Espacios Naturales, un informe de repercusiones sobre los recursos naturales presentes en la ZEPA.

En tercer lugar, no es cierto que con el apartado cuarto del artículo 15.7 de la controvertida Orden se supla la intervención del órgano ambiental en cualquier supuesto de zona sensible, porque ese apartado, que prevé como hemos visto la obligación de comunicar el órgano sustantivo (el competente en materia de viticultura) al ambiental las solicitudes de plantación objeto de aprobación, amén de no especificar con rotundidad que en todo caso se hará con carácter previo a dicha aprobación, lo hace a los efectos y en cumplimiento, según reza su tenor, del art. 77 de la Ley 9/1999, esto es, las prohibiciones en relación con las especies amenazadas, que no tiene por qué ser el caso que nos ocupa. Esa previsión no aclara nada para lo que nos afecta, ni desde luego sustituye la señalada intervención que corresponde al órgano ambiental.

Octavo. No puede servir de excusa el que los Planes de Gestión de cada una de las ZEPAS se vayan convirtiendo, a medida que se aprueben, en norma especial –y posterior en el tiempo- respecto a la Orden, de aplicación por tanto preferente, porque la indefinición que tal situación crearía es incompatible con la seguridad jurídica pero, sobre todo, es cuestión de legalidad y de vulneración del principio de jerarquía normativa, como creemos haber explicado.

Es cierto que el artículo 59 de la ley 9/1999, de conservación de la naturaleza en Castilla-La Mancha contempla, como excepción al régimen de evaluación ambiental del art. 56, que es la norma –a diferencia de la Orden impugnada, donde es excepción, con los matices que se quiera-, la situación de que la zona sensible tenga un plan de gestión que establezca las prescripciones reguladoras de la actividad en cuestión. Pero no lo es menos que esa previsión no permite regular entre tanto la cuestión como si el sistema establecido en ambas leyes no existiera.

Noveno. En consecuencia, la Orden combatida ha ido más allá de lo que prevén las leyes que le prestan cobertura, en contravención de los dos preceptos legales reiteradamente citados, por lo que el art. 15.7 de la misma ha de ser anulado.

En aplicación del art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su redacción posterior a la Ley 37/2011, de diez de octubre, el litigante vencido abonará las costas procesales.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación; en nombre de S.M. el Rey,

        F A LL A M O S:

Que Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden de veinte de julio de 2012 de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha veinticinco de julio del mismo año, por la que se regula el potencial vitícola de Castilla-La Mancha, y anulamos su art. 15.7, por disconforme a Derecho.

La Administración demandada abonará las costas procesales.

        Notifíquese la presente Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra ella cabe interponer el recurso de casación previsto en el art. 86.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en término de diez días.

        Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 
CASTILLA LA MANCHA DEJA SIN PROTECCIÓN AL CORMORÁN
Escrito por Julia Gimenez Gomez   
Friday, 07 de November de 2014

CASTILLA LA MANCHA DEJA SIN PROTECCIÓN AL CORMORÁN

 

La Sociedad Albacetense de Ornitología y Ecologistas en Acción de La Manchuela denuncian otro atentado contra el medio ambiente, en este caso contra la fauna. El cormorán grande verá como se queda sin protección legal frente a intereses partidistas y presiones infundadas de pescadores, sacándolo del Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

 

Los datos que maneja la Consejería de Agricultura y en los que se basa para la descatalogación del cormorán, son que en 2002 había una población invernante de  5.400 ejemplares como máximo y en el último censo realizado en 2012  la población estaba en torno a los 4.000  - 5.000 ejemplares. Por tanto no existe un crecimiento ni exceso de población que avale tal desprotección.

 

La intención de esta Consejería es permitir el control de la población de cormorán alegando daños económicos a la pesca deportiva, dato que no manifiesta en ninguno de sus informes, y que pese a haberselo solicitado no los ha remitido.

 

La Consejería está más interesada en proteger las especies introducidas en los cotos intensivos de pesca, que las especies autóctonas. El 65 % de la biodiversidad que reside en los ríos sufre la degradación ambiental causada por los seres humanos. Las presas, la modificación del régimen del caudal, la contaminación por productos químicos, los residuos sólidos y la introducción de especies alóctonas desplazan a nuestras especies hasta hacerlas desaparecer.

 

Esta manipulación de los sistemas ecológicos a nuestro libre albedrío, provoca efectos negativos en los diferentes elementos naturales vinculados, en este caso al ecosistema  acuático. La introducción de especies piscícolas de interés  comercial, desplaza a la fauna autóctona ictícola y provoca la atracción de fauna depredadora como el cormorán, en definitiva, induce al desequilibrio ecológico.

 

Existen estudios que corroboran que los controles de población de cormorán grande no son efectivos. Este es el caso del proyecto europeo Redcafe (Reducing the Conflict Between Cormorants and Fisheries on a Pan-European Scale), . El informe final del proyecto establece que las matanzas de cormoranes en las zonas de invernada son ineficaces, ya que «las aves muertas son reemplazadas rápidamente por otras», y concluye que «disparar a los cormoranes solo es una forma de calmar la frustración de los pescadores».

 

 
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