MEDIO AMBIENTE SANCIONA CON MÁS DE 700.000 € A IBERDROLA POR ELECTROCUCIONES DE ÁGUILAS IMPERIALES Y PERDICERAS

La Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha ha resuelto varios expedientes sancionadores contra Iberdrola imponiéndole elevadas multas por la electrocución de avifauna protegida en peligro de extinción.

Según ha podido saber la Sociedad Albacetense de Ornitología y a falta de disponer de los datos concretos por cada expediente sancionador, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha emitido varias Resoluciones por las cuales se sanciona a Iberdrola con más de 700.000 € por multas e indemnizaciones por el valor de cada ave electrocutada, además de resolver que deben corregir los tendidos eléctricos donde se han producido las electrocuciones de estas aves para evitar que se repitan hechos similares.

Mientras Iberdrola ha venido alegando que debía la Administración Pública financiar totalmente la modificación de los tendidos, omitiendo por ello corregir las líneas eléctricas que se encuentran en zonas de protección de avifauna, donde siguen muriendo centenares de aves todos los años, la Consejería se ha basado en el principio de “quien contamina paga” de las Directivas ambientales europeas para exigir que la distribución de corriente eléctrica se haga de manera sostenible y compatible con el medio natural como cualquier operador económico tanto del sector eléctrico como de otras actividades impongan medidas que eviten los daños ambientales conocidos de antemano. Solo a golpe de sanción parece que Iberdrola hará frente a sus responsabilidades modificando los tendidos donde han fallecido cuatro águilas imperiales ibéricas y un águila azor perdicera; ambas  especies en peligro de extinción. La Sociedad Albacetense de Ornitología ha impulsado y exigido reiteradamente a la Consejería para que sancionara a Iberdrola por incumplir el mandato de la Constitución Española en materia de medioambiente que dice que todos tenemos el derecho y el deber de cuidar del medioambiente.

Las cifras de muertes de electrocuciones hasta agosto de este año 2016 son tan alarmantes que la Consejería ha tomado la determinación de sancionar a Iberdrola al hacer caso omiso para que cumpliera con sus obligaciones de modificación de los tendidos que vencieron a primeros de año de 2011. Sólo en la provincia de Albacete en lo que va del año 2016 se han electrocutado ya dos águilas imperiales, un águila perdicera más y tres milanos reales; todas ellas catalogadas EN PELIGRO DE EXTINCIÓN; además de cuatro águilas reales, cinco águilas culebreras, un águila calzada, seis milanos negros, veinticuatro búhos reales y treinta y siete busardos ratoneros. Estas cifras dan una idea del sumidero de muerte de aves que suponen las líneas sin adaptar a la legislación sobre protección de la avifauna vigente en la actualidad y que en numerosas ocasiones, la Sociedad Albacetense de Ornitología ha venido reclamando a la Administración Autonómica para que exigiera a las compañías eléctricas propietarias de los tendidos el cumplimiento de sus obligaciones de modificar los tendidos. La electrocución es la principal causa de muerte no natural para las especies de aves más amenazadas y emblemáticas y para las que se gastan ingentes cantidades de dinero y esfuerzo para la recuperación de sus poblaciones. El número de electrocuciones es tan habitualmente elevado que la Sociedad Albacetense de Ornitología estima que de haberse cumplido con las obligaciones de modificar los tendidos, la población de Águila Imperial Ibérica, de Águilas Perdiceras y Milanos Reales se habría duplicado con los nuevos nacimientos. De igual modo hubiera pasado con otras especies. Con ello recuperar el número de individuos perdidos y conseguir que la situación de supervivencia no sea tan crítica requerirá de más de diez o quince años una vez que se corrigieran esos tendidos.

La Sociedad critica que Iberdrola se publicite como empresa verde y respetuosa con el medioambiente  vendiendo una imagen corporativa de empresa comprometida cuando en la realidad lo que sucede es que es la empresa que más daño hace a la avifauna protegida existente en la provincia de Albacete. Por ello seguirán instando a la Consejería para que se sancione por todos los casos de electrocuciones de aves protegidas sobre los que tengan conocimiento.

SOCIEDAD ALBACETENSE DE ORNITOLOGÍA.

LA MEZQUINDAD DE IBERDROLA FRENTE A LAS ELECTROCUCIONES DE AVIFAUNA PROTEGIDA.

La gran multinacional Iberdrola, una de las empresas con más beneficios económicos de nuestro País, se niega a la corrección de los tendidos eléctricos peligrosos en Albacete, en los que se electrocutan las aves protegidas que integran un patrimonio natural que es de todos, manteniéndose a  la espera de que la Administración (es decir todos nosotros) le subvencione dichos arreglos.

Una de las causas de mortandad no natural más importante en las aves es la electrocución; sobre todo para las aves de gran tamaño, como el águila imperial ibérica, el águila perdicera y  el milano real, especies EN PELIGRO DE EXTINCIÓN;  además del  busardo ratonero, búho real, milano negro, culebrera europea, etc.

Según datos de la Administración Regional con competencias medioambientales, durante el año 2014 las aves electrocutadas en la provincia de Albacete han sido 177, de las cuales 3 de ellas son águilas imperiales, 4 águilas perdiceras y 5 milanos reales.

En el año 2015 se han registrado 201 aves electrocutadas en la provincia de Albacete; entre ellas 3 águilas imperiales, 1 águila perdicera, 1 milano real, 31 búhos reales, 17 milanos negros y 66 busardos ratoneros…

Durante los cuatro meses transcurridos de 2016 han muerto 65 aves en estas líneas eléctricas, entre ellas 1 águila imperial, 1 águila perdicera, 1 milano real y 4 águilas reales.

Por tanto, llevamos desde el año 2014 un total de pérdida neta de biodiversidad de 20 individuos en peligro de extinción como consecuencia de la pasividad de Iberdrola para afrontar la reforma de sus tendidos.

Pese a que Iberdrola hace gala en su propaganda corporativa de ser una empresa verde, responsable y comprometida con el medio ambiente, ligada a energías “limpias”, que incluso en su código ético publicado en abril de 2016, alardea de desarrollar su actividad “excediendo los estándares establecidos en la legislación medioambiental que sea de aplicación y minimizando el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente”, asumiendo como pauta de comportamiento “conservar los recursos naturales”, nada queda más lejos de la realidad, sobre todo por sus líneas eléctricas de distribución, que son un sumidero de muerte de aves protegidas por electrocución,  la mayoría de ellas en peligro de extinción, sin que la Dirección de Iberdrola haya hecho nada por evitarlo, aun sabiendo la ubicación y las  líneas más peligrosas que provocan la mayoría de las electrocuciones, esperando siempre obtener alguna subvención o ayuda para corregir.

Que Iberdrola obtuviera en su día los permisos necesarios para la instalación de estas líneas peligrosas, no le da derecho a mirar para otro lado mientras siguen muriendo aves. Constatada la peligrosidad por la incesante muerte de aves en sus infraestructuras, Iberdrola debía haber adoptado las medidas y prácticas necesarias tendentes a minimizar los riesgos que estén produciendo esos daños ambientales con soluciones tan sencillas y baratas como serían disponer los cables de tensión por debajo de las crucetas y separando las distancias entre los mismos.

El Tratado Constitutivo de la Unión Europea y las Directivas Ambientales, en relación con la prevención y reparación de los daños ambientales, que fomenta el principio de “quien contamina paga”, consistente en que si un operador cuya actividad cause daños al medio ambiente o haya supuesto o suponga una amenaza inminente de tales daños, sea declarado responsable de los mismos y lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para minimizar los riesgos que crea al efecto de mitigar en lo posible los mismos desde un punto de vista de la prevención. Dicha responsabilidad medioambiental es una responsabilidad ilimitada, pues el contenido de la obligación de reparación o en su caso de prevención, la debe asumir el responsable de la instalación al efecto de que su actividad resulte compatible con el medioambiente, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras.

Así, el art. 45 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado como condición indispensable para el desarrollo de la persona, al tiempo que establece el deber de todos de conservarlo; y para quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales y la de conservar la naturaleza estarán obligados a reparar el daño causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan. En este sentido, Iberdrola considera que en ese “todos” que refiere la Constitución no le corresponde desarrollar ninguna actuación de corrección de tendidos que no le pague previamente la Administración. Es decir, que no se considera obligada a efectuar ningún tipo de inversión para mitigar y prevenir los gravísimos daños a nuestras especies protegidas.

Por otra parte en la VII Reunión Anual de la Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, celebrada en Madrid en febrero de 2014, se concluye que el incumplimiento de las medidas protectoras de la avifauna, recogidas en las diversas normas europeas, españolas en especial el Real Decreto 1432/2008, y autonómicas, pueden dar lugar a responsabilidad penal por los hechos realizados por comisión por omisión, habida cuenta la posición de garante que el titular de la línea ostenta, pudiendo hacer uso de la correspondiente acción penal contra las personas físicas por posible delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

La SOCIEDAD ALBACETENSE DE ORNITOLOGÍA tiene localizados varios puntos negros por electrocución y líneas muy peligrosas de contrastada mortalidad, ubicadas en zonas de protección de avifauna frente al riesgo de electrocución (zonificaciones llamadas mallas de protección) y en zonas muy sensibles por su cercanía a áreas de nidificación. De todo esto se le ha pasado nota a Iberdrola, la cual hasta la fecha ha hecho caso omiso a nuestros requerimientos de corrección de estas líneas aun cuando en enero de 2012 vencía el plazo para que Iberdrola presentara y ejecutara los proyectos de reforma de las líneas insertas en mallas de protección identificadas como peligrosas para la avifauna. Como ejemplo, en el mes de abril murieron electrocutadas dos águilas reales, en el mismo día, en dos apoyos de Iberdrola, en el término municipal de Alcalá del Júcar, y la semana pasado 2 milanos negros en el vertedero de Albacete.

La SAO presenta denuncias por cada una de las electrocuciones, y llevará al Juzgado de lo Penal la electrocución de un águila imperial en La Roda, insistiendo en la obligación tanto legal como moral que tiene Iberdrola en la corrección de sus tendidos, especialmente porque dispone de los medios técnicos y sobre todo económicos para realizarlos y evitar estas muertes inútiles, previsibles y fácilmente evitables.

  SOCIEDAD ALBACETENSE DE ORNITOLOGÍA. 

 ZEPAS con CEPAS

 http://www.lacerca.com/noticias/columnas_opinion/zepas_cepas-303311-1.html

Habla Javier Carmona en su artículo de un “dipolo viña en espaldera-avutarda” entendiendo que no debe ser un enfrentamiento, esto es: que una cosa no quita la otra. Es evidente que la viña en espaldera sí quita a la avutarda, como él mismo constata al ver las avutardas “en los bordes de los viñedos”.  También lo ratifica con su experiencia: “no he visto una avutarda enredada en los alambres de de una espaldera”, puesto que difícilmente entrarán estas aves en semejante laberinto tan inhóspito para ellas (otra cosa es que se lo encuentren durante su pesado vuelo en un atardecer contra el sol o en una mañana de niebla, que sí ocurre). El propio trabajo realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, invocado en las ocasiones en las que se trata este tema, parte de la hipótesis de que las espalderas son un hábitat rechazado por las avutardas.

No me cabe duda de que un área tradicional de secano, con predominio de cereal y pequeñas manchas de viñedo y legumbres, es un hábitat idóneo para las aves esteparias (incluida la avutarda). Además este sistema a buen seguro dará unos productos de buena calidad, especialmente en lo referente a los vinos. Pero esto tiene poco que ver con el concepto de “viña en espaldera”.

Las zonas ZEPA para aves esteparias son una pequeña proporción de la superficie cultivada en nuestra región. Además están ocupadas mayoritariamente por cultivos de cereales de secano, hecho que motiva su caracterización como áreas importantes para esas especies protegidas. Dentro de ellas hay (o mejor dicho había antes de la orden de 2010) una pequeña proporción de viñedos. Tan solo el 5,2% del viñedo de la región se encontraba entonces dentro de estas áreas ZEPA. De ninguna manera el mantener estos cultivos tradicionales, sin cambiar sus técnicas ni ampliar su superficie, creo que pueda poner en peligro la economía de la región. Evidentemente los propietarios de estos viñedos deben ser apoyados para que su actividad sea rentable, por lo que sería lógico que se beneficiasen de las medidas agroambientales que permitan mantener este equilibrio (que no dipolo) avutarda/agricultura tradicional.

La orden de 19/11/2010 (firmada por el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente José Luis Martínez Guijarro) y la orden de 20/07/2012 (firmada por la Consejera de Agricultura Mª Luisa Soriano Martín) han hecho un flaco favor a los pequeños agricultores que mantenían los viñedos tradicionales dentro de las zonas ZEPA de aves esteparias. Ambas ordenes dieron carta blanca a la expansión del viñedo y a la implantación de espalderas dentro de estas áreas, sin necesidad pasar por la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental, establecida por la ley 4/2007. Esto ha creado unas falsas expectativas y ha dado lugar a una situación de hechos consumados, con unas inversiones importantes realizadas por los viticultores y un impacto sobre las poblaciones de aves esteparias que, a estas alturas, ya es imposible de comprobar. Esperpéntica es la pretensión de la administración actual de intentar hacer pasar a esos proyectos ya realizados por una Evaluación de Impacto Ambiental ¿Cómo vamos a saber lo que se ha perdido si no lo habíamos evaluado antes de la actuación? (Más esperpéntico es que esa sea una forma habitual de proceder de la administración para legalizar diferentes proyectos que en su momento se implantaron sin cumplir la normativa).

La Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO), no tuvo más remedio que emprender un recurso contencioso-administrativo contra estas órdenes (las dos) que se vio resuelto por sentencia del Tribunal Supremo de …….

La sentencia deja claro que esto se ha hecho de forma ilegal y que se debe revertir a la situación inicial. Lo que no se entiende es por qué no se actúa de oficio contra los firmantes de dichas órdenes, consejeros de Agricultura (y supuestamente también de Medio Ambiente) que sabían que actuaban contra la ley y que han provocado (o van a provocar) un coste ambiental innecesario y un coste económico que pagaremos entre todos. No hay peor forma de gestionar el dinero público que empecinarse en mantener unas órdenes que contradicen una norma de rango superior y hacer todos los recursos posibles hasta llegar al Tribunal Supremo. Esto ha supuesto más de 5 años durante los cuales se han realizado nuevas plantaciones de viñedo e implantaciones de espaldera que ahora se deberían levantar (por orden judicial), con los trastornos derivados para los propietarios y las consiguientes indemnizaciones que habrá de asumir la administración (nuestros impuestos).

Cuando una pequeña asociación como la SAO, que ni siquiera tenía asesoramiento jurídico, vio tan clara la irregularidad, cuesta creer que una administración regional, con todos sus medios, siguiese adelante con estas órdenes. Y muy tupida la venda delante de los ojos de los responsables políticos que tampoco quisieron darse por enterados, uno y otra.

Como dice Javier Carmona, a partir de ahora se debería estudiar cada caso y aplicar las leyes, que para eso están. Pero antes de pretender el desarrollo de nuevos proyectos sería imprescindible (como también apunta Carmona) terminar de una vez con el proceso de elaboración y publicación de los planes de gestión de las ZEPA, que por dejadez o desinterés (también de las sucesivas administraciones ambientales) no se han abordado hasta ahora, y que deberían ser la herramienta fundamental para el desarrollo de estos espacios, que no hay que olvidar que constituyen parte importante de lo que debería haber sido (quizá algún día lo sea efectivamente) la red europea de espacios protegidos, NATURA 2000.

Pero es que la situación se está repitiendo. Exactamente la misma situación y en las mismas zonas pero ahora con las plantaciones de almendros. La SAO ya ha denunciado varias plantaciones de almendros dentro de ZEPA que no se han sometido a Evaluación de Impacto Ambiental (suponemos que ni siquiera se habrá pedido autorización). Sin embargo la administración regional, a pesar de lo reciente de la sentencia sobre el viñedo, sigue mirando sin actuar. Sería mejor prevenir, informar a los agricultores para evitar que lleguen a producirse estos hechos. ¿O es que se pretende tener más trabajo para amortizar el gasto de las máquinas que tengan que arrancar vides y almendros?

Sorprendentemente la SAO (el pequeño David) venció al gobierno regional (el gigante Goliat) en los desconocidos (para nosotros) vericuetos de la justicia. Esperemos que la grande pero humilde y pesada avutarda pueda sobrevivir a almendros y espalderas (antes de que llegue ni siquiera a tomar presión esta nueva burbuja del mazapán).

Domingo Blanco Sidera

Presidente de la SAO

PLATAFORMA CONTRA LA LEY DE CAZA DE CASTILLA LA MANCHA.

Nota de prensa, 5 de marzo de 2016

LEY DE CAZA, UNA REFORMA DEMASIADO LENTA Y LEJOS DE DAR FRUTOS.

El 5 de marzo de 2015 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley de caza regional. Un año después esta norma, criticada por amplios sectores de la sociedad incluidos algunos cinegéticos, sigue en vigor a pesar del compromiso del nuevo Gobierno de derogarla o modificarla profundamente.

Por un lado, el retraso es lógico y responde a los limitados medios con que dispone la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, organismo encargado de los trabajos de revisión. Pero por otro, es inquietante, pues en todo el proceso se observa una escasa iniciativa del legislador para hacer una ley moderna, que imponga la sostenibilidad como criterio obligatorio para la actividad cinegética y, lo que es más importante, que haga de la caza una actividad compatible compatible con la conservación del medio natural, con el uso público del monte y con el bienestar animal.

Primero se dudó si hacer una nueva ley o modifica la existente. Luego se tardó en crear y convocar el grupo de trabajo. Y ahora cuesta que la Consejería afronte con decisión los aspectos más controvertidos del texto.

El grupo de trabajo de la ley ha desarrollado tres reuniones y ya ha completado una primera revisión del texto. En estos trabajos se ha puesto de manifiesto la mala calidad de la ley aprobada, que no satisface ni a quienes la promovieron. Acumula innumerables errores, la reiteración de textos ya contemplados en otras normas, las contradicciones con otros de superior jerarquía, la ausencia de definiciones y conceptos esenciales para aplicar correctamente el texto normativo. De la ley se salva el índice y poco más, e incluso ahí sobran y faltan algunas cosas.

Era tanta la urgencia en satisfacer las ansias de darle un enfoque puramente economicista a la caza, que se hizo una leu sólo y para la caza intensiva, supeditando el resto a ese objetivo.

En el momento actual y con lo que se lleva hecho en el grupo de trabajo, para la Plataforma contra la Ley de caza de Castilla-La Mancha no queda otra que afrontar la realidad: hay que derogar este ley y hacer otra nueva con una concepción absolutamente distinta.

Esa ley puede ser más sencilla, menos reglamentista, pero a la vez, ha de ser promotora de la sostenibilidad en la práctica cinegética y penalizadora de las prácticas intensivas, masivas y crueles que se promueven. Y ha de establecer las pautas adecuadas para compatibilizar con todos los intereses y actividades afectados.

La Plataforma, a través de su representante en el grupo de trabajo, está realizando innumerables propuestas de mejora de la normativa, aportando estudios legales y científicos, ofreciendo flexibilidad para atender también  ciertas demandas del sector cinegético e intentando buscar puntos de acuerdo allá donde sea posible. Y en esa línea va a seguir.

Pero dado que la nueva norma o la revisión, tanto da, va a tardar en llegar, el Gobierno debe plantearse la solución de algunas cuestiones que se pueden modificar de urgencia a través de cualquier ley en tramitación. Entre ellas destacamos las siguientes:

·         El cambio del artículo 27m. para que no se pueda sancionar a ninguna persona por el simple hecho de que se espante o moleste inadvertidamente a la caza.

·         El traslado a la ley de protección animal de la fórmula de gestión de los animales domésticos que se encuentren abandonados en el medio natural, eliminando el concepto de asilvestrado y la posibilidad de que estos animales puedan ser abatidos por guardas de caza.

·         La prohibición de la caza nocturna, salvo los aguardos de jabalí debidamente reglamentados y la caza desde vehículos, así como otras modalidades masivas y crueles.

·         La eliminación de los cuarteles de caza comercial y la prohibición de la caza intensiva, en particular en las zonas sensibles por sus valores naturales.

·         La prohibición de la figura de los vallados secundarios o, al menos, la prohibición expresa de la caza dentro de los mismos.

 Si no hacen estos cambios urgentes y además no se termina de cambiar en profundidad la ley en vigor en un plazo razonable, el Gobierno estaría incumpliendo su compromiso programático en este tema, lo cual sería muy grave.