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Nueva denuncia contra la Junta por negarse a facilitar información ambiental
Escrito por Julia Gimenez Gomez   
Tuesday, 29 de December de 2015

De nuevo nos veremos obligados a denunciar a la Junta por negarse a facilitar información ambiental y a cumplir lo establecido por la Ley de Evaluación Ambiental.

En varias ocasiones hemos instado a la Junta para que nos facilite la información ambiental contenida en los Planes de Ordenación Cinegética y que los Planes que afecten a la Red Natura 2000 sean sometidos al procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Junta continúa negándose a cumplir la legislación y por ello  tendremos que requerir a través de los Juzgados que se restituyan nuestros derechos de acceso a la información y de participación pública como parte interesada que somos.

  Según consulta realizada al Defensor del Pueblo por esta Sociedad

 1.- La Ley 27/2006 tiene por objeto regular los siguientes derechos:

 

a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre.

b) A participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, y cuya elaboración o aprobación corresponda a las Administraciones Públicas.

c) A instar la revisión administrativa y judicial de los actos y omisiones imputables a cualquiera de las autoridades públicas que supongan vulneraciones de la normativa medioambiental.

 

2.- Sobre la base de lo anterior y de que los planes técnicos de caza son un instrumento de gestión para asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas compatible con la conservación de la diversidad biológica en un determinado terreno (artículo 91.1 del Reglamento de Caza de Castilla La Mancha), esta institución considera que se trata de información ambiental, tal y como lo define el art. 2.3 de la Ley 27/2006, ya que regula la realización de una actividad (la caza) que afecta y/o puede afectar la diversidad biológica en un territorio y dicha información debe ser accesible según las garantías previstas en el Título II de la Ley 27/2006.

 

3.- En relación con la participación pública, para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades públicas:

 

a)      A participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.

 

b)      A acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los referidos planes, programas y disposiciones de carácter general.

 

c)      A formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión sobre los mencionados planes, programas o  disposiciones de carácter general y a que sean tenidas debidamente en cuenta por la Administración Pública correspondiente.

 

d)      A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe de los motivos y consideraciones en los que se asa la decisión adoptada, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.

 

 

e)      A participar de manera efectiva y real, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable, en los procedimientos administrativos tramitados para el otorgamiento de las autorizaciones reguladas en la legislación sobre prevención y control integrado de la contaminación, para la concesión de los títulos  administrativos regulados en la legislación en materia de organismos modificados genéticamente, y para la emisión de las declaraciones de impacto ambiental reguladas en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, así como en los procesos  planificadores previstos en la legislación de aguas y en la legislación sobre evaluación de los efectos de los planes y programas en el medio ambiente.

 

La Ley 27/2006 no regula cómo debe hacerse dicho procedimiento debido a que es un ámbito de competencia compartida con las Comunidades Autónomas. No obstante, establece el deber general de promover la participación real y efectiva del público, ya que la Administración ha de velar por el cumplimiento de una serie de garantías: a) hacer públicamente accesible la información relevante sobre el plan, programa o disposición normativa; b) informar del derecho a participar y de la forma en la que lo pueden hacer; c) reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en las que estén aún abiertas todas las opciones de la decisión que haya de adoptarse; d) justificar la decisión finalmente adoptada y la forma en la que se ha desarrollado el trámite de participación.

 

. A juicio de esta Institución, el alcance de las materias recogidas en la Ley 27/2006 no puede interpretarse restrictivamente si se tiene en cuenta los fines pretendidos, es decir, para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información ambiental, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones relacionados con el medio ambiente y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados.

 

Aún más, debe tenerse en cuenta que el contenido un plan técnico de caza versa sobre cuestiones que claramente son ambientales como, entre otras: 1) Plan de sueltas (deberá justificarse detalladamente desde el punto de vista de su necesidad, así como admisibilidad de su impacto en el medio natural); 2) Cercados cinegéticos (deberán prever las medidas en evitación de riesgos de endogamia en las especies de caza y de desequilibrios o densidades elevadas que causen una presión excesiva de las piezas sobre la vegetación natural, un mayor riesgo de aparición de enfermedades o interacciones negativas con otras especies de fauna amenazada); 3) Aves migratorias (deberá ordenarse su aprovechamiento para que puedan cazarse); 4) Áreas de reserva (zonas que constituyan un hábitat adecuado para las especies cinegéticas); y 5) Adaptación a otros planes (se adecuarán a los aprobados para la ordenación de los recursos naturales, para la gestión de los espacios naturales protegidos o para la conservación de la fauna amenazada, así como , en su caso, a los generales para las especies cinegéticas de interés preferente).

 

De lo anterior se deduce que un plan técnico de caza si está relacionado directamente con el medio ambiente, ya que regula una serie de materias con clara incidencia ambiental, algo que además implícitamente reconoce el Servicio periférico de la Consejería de Agricultura cuando admite que los planes técnicos de caza se someterán a evaluación de sus efectos sobre los recursos naturales antes de ser autorizados (en concreto, según lo recogido en los artículos 25 y 26 de la Ley 4/2007 de Evaluación ambiental de Castilla La Mancha y los preceptos 56 y 58.3 de la Ley autonómica 9/1999 de Conservación de la Naturaleza).

 

Por último, es necesario señalar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (con carácter general el artículo 9.2 de la Constitución y para el ámbito administrativo el artículo 105) garantiza el funcionamiento democrático de las sociedades e introduce mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Por tanto, es preciso que la Consejería de Agricultura promueva una participación real y efectiva del público (en este caso, de la SAO) en la elaboración de los planes técnicos de caza velando por el cumplimiento de las garantías previstas en la Ley 27/2006”.

 

 Así en el último escrito recibido del Defensor del Pueblo y en el que se recoge su decisión final después de recibir respuesta de la Consejería de Agricultura, dice (sic);

….De su contenido se desprende que la Asociación podrá acceder a la información ambiental y a participar en los procedimientos de toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, incluidos los planes técnicos de caza que afecten a la Red Natura 2000, de conformidad con los establecido en la Ley 27/2006”.

 

  

 La Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha,  establece lo siguiente:

Art. 5 Actividades a las que resulta aplicable la Evaluación de Impacto Ambiental.

 

1. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, construcciones, instalaciones o cualquiera otra actividad comprendida en el Anexo I deberán someterse a Evaluación del Impacto Ambiental en la forma prevista en esta ley, previamente a su autorización por el órgano sustantivo que corresponda.

 

2. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, construcciones, instalaciones o cualquiera otra actividad comprendida en el Anexo II, así como cualquier proyecto no incluido en el Anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, sólo deberán someterse a Evaluación del Impacto Ambiental, previamente a su autorización por el órgano sustantivo que corresponda, en la forma prevista en este ley cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III.

3. Para los proyectos recogidos en el Anexo II que no se sometan al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, el órgano ambiental dictará resolución en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de las consultas TRAS CONSULTAR a las administraciones, PERSONAS e instituciones  afectadas por la realización del proyecto.

 

 

 
FELICES FIESTAS!!!
Escrito por Julia Gimenez Gomez   
Tuesday, 22 de December de 2015
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COMUNICADO DE SAO A RAIZ DE LAS DECLARACIONES DE LA FEDERACIÓN DE CAZA POR LA SUSPENSIÓN DE LA CAZA
Escrito por Julia Gimenez Gomez   
Wednesday, 02 de December de 2015

COMUNICADO DE SAO A RAIZ DE LAS DECLARACIONES DE LA FEDERACIÓN DE CAZA POR LA SUSPENSIÓN DE LA CAZA DE AVES ACUÁTICAS.

La SAO lleva más de 25 años defendiendo las aves y sus hábitats somos una Sociedad consolidada y nuestro ámbito de actuación se extiende a nivel nacional.
Nunca hemos acosado a nadie, fuimos meros espectadores y observadores, desde la lejanía, de la caza de aves acuáticas en una laguna con presencia de especies en peligro de extinción, pero incomoda que constatemos las molestias que estas cacerías causan a especies como la malvasía cabeciblanca o el porrón pardo
La caza de aves acuáticas es una actividad legal, pero cuando están presenten especies en peligro de extinción la ley de Conservación de la Naturaleza lo prohíbe.
Las lagunas donde se estaba cazando, son hábitat natural de especies catalogadas EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, dato este que desde la Federación de Caza y los propietarios de los cotos, han obviado en todo momento, seguramente de forma intencionada.
“La estrategia para la conservación de la malvasía”, “El plan de recuperación de la malvasía” y otras normas y leyes ambientales prohíben la caza de acuáticas en las zonas con presencia estable de esta especie.
En estas lagunas hay presencia estable de malvasía cabeciblanca, dato que igualmente de forma intencionada han olvidado mencionar.
En ninguno de los censos aportados por los propietarios de los cotos aparecen más de 3 o 4 especies de aves acuáticas, que son las que pretenden cazar, realizados en un día, y para ellos el resto de especies no existen.
Nuestros censos están realizados por los ornitólogos expertos en aves acuáticas y hemos aportado informes de censos realizados durante años.

Estamos un poco cansados de escuchar al sector cinegético decir que si no fuera por ellos no habría nada que conservar.
El colectivo cinegético no invierte en la conservación del medio natural, sólo en favorecer a las especies cinegéticas, y reciben subvenciones para la construcción de peanas para cazar, escondites y para el arreglo de sus casas, y no invierten nada en la mejora de hábitats para les especies no cazables.

Tenemos que agradecer a la caza que la perdiz roja se encuentre en claro declive, igualmente la codorniz y la tórtola europea, por mencionar algunas…. Aún no se ha oído hablar de proponer una moratoria para procurar la recuperación de las poblaciones.
También le debemos a la caza el aumento de la población de conejo o de topillo, debido al control desorbitado que realizan sobre los depredadores; o la creciente población de cabra montés, reintroducida intensivamente en cotos de caza, sin olvidarnos de las aves que aparecen tiroteadas, la colocación de veneno en el medio natural, de cepos y lazos ilegales.

La SAO lo que pretende es que se cumpla la legislación vigente tanto regional, nacional como comunitaria.


 
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